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Una coordinación fiscal más justa

Por Roberto Piñón Olivas

 

Chihuahua, Chih..  10 de marzo de 2012.

No es la primera vez que el alcalde Marco Adán Quezada asume una postura crítica en contra de la Federación por el escamoteo de recursos hacia los ayuntamientos.






El análisis del presidente municipal de la capital del estado de Chihuahua parte de que el Gobierno Federal sólo destina poco más del tres por ciento de la coordinación fiscal en los municipios del país, cuando debería ser mayor debido al traslado de facultades, entre ellas en materia de seguridad.

Este punto formará parte de la Declaración Boca del Río que la semana entrante será presentada al Congreso de la Unión por parte de la Federación Nacional de Municipios de México, que en la zona norte encabeza el mismo Quezada Martínez.

El acuerdo de cerca de mil quinientos alcaldes de todo el país es que la Federación destine 10 por ciento del presupuesto a municipios, 20 a las entidades federativas, y que sólo administre de manera directa el 70 por ciento.

Actualmente, el Gobierno Federal ejerce de manera directa el 80 por ciento del presupuesto, otorga el 16 a los estados y deja cerca del 4 por ciento a los ayuntamientos.



El presupuesto para el 2012 fue autorizado por un monto de 3.7 billones de pesos, de los cuales, en números gruesos, de acuerdo a esta distribución total, las entidades federativas recibirían cerca de 600 mil millones y los municipios cien mil millones.

La verdad es que los números reales aún son más inequitativos: los recursos participables, es decir, aquellos que forman parte de la bolsa de donde reciben financiamiento los estados y municipios autorizados para 2012, son apenas de unos 500 mil millones de pesos aproximadamente.

La propuesta de los ayuntamientos, consensada en Boca del Río, implicaría, en números gruesos, que los municipios administren unos 370 mil millones de pesos y que los estados hagan lo propio con más de setecientos mil millones.



Tiene lógica la petición. Durante los últimos años el Congreso de la Unión ha modificado la legislación para dotar de mayores responsabilidades a los ayuntamientos y entidades.



Mientras antes en materia de seguridad, los delitos como delincuencia organizada y delitos contra la salud eran de competencia exclusiva de la Federación, ahora las entidades federativas han tenido que reforzar sus cuerpos de seguridad para combatir estos ilícitos, desde las policías estatales y municipales.



El fortalecimiento de los cuerpos de seguridad debe contar con un respaldo financiero. Recientemente el Ayuntamiento de Chihuahua invirtió 120 millones de pesos para el aumento salarial de los agentes policiacos, mientras el fondo de seguridad pública enviado por la Federación se redujo drásticamente sin ninguna explicación.



La utilidad de fijar un porcentaje más amplio en la base presupuestal federal participable permitiría a los ayuntamientos presupuestar sobre bases firmes el gasto en materia de seguridad, en lugar de estar a expensas de criterios administrativos anuales que castigan a las entidades, como ocurrió con Subsemun 2011.



La tendencia descentralizadora de funciones hacia las entidades debe ir acompañada de una descentralización financiera, de otra manera la carga operativa de programas en los estados y municipios se volverá irremediablemente inviable.

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