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La violencia contra Periodistas, no le interesa al Gobierno de EPN

Por Jorge Macías Rodríguez

 

Chihuahua, Chih..  27 de marzo de 2013. Una de las principales preocupaciones que tienen los gobiernos democráticos en el mundo, es el preservar la libertad de expresión y mantener protegidos a los periodistas y los medios de comunicación, voz de la sociedad en el mundo.








En nuestro país, ha quedado de manifiesto que esto es una tarea pendiente.

El gobierno federal está totalmente desatendido de esta obligación y los gobiernos estatales dan palos de ciego en esta encomienda.

A finales del sexenio de Vicente Fox, el 15 de febrero del 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), única en su género a nivel internacional, que no sirvió de nada para detener los asesinatos de decenas de periodistas y comunicadores mexicanos.

Según el Acuerdo A/031/06, la FEADP será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

Posteriormente en el sexenio de Felipe Calderón se fundó el Comité Consultivo para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, que tenía como objetivo dar recomendaciones a las autoridades sobre qué hacer en caso de amenazas o atentados en contra de periodistas o medios de comunicación, que tampoco sirvió de nada.

Esta comisión trabajó en ratos sí y en ratos no, estaba presidida por el secretario de gobernación y un representante de cada una de las instituciones gubernamentales que tenían que ver con la seguridad pública, asimismo estaban invitados tres periodistas de distintas zonas del país (entre ellos al final de la administración, quien esto escribe), y representantes de la ONU y la CNDH.

Cuento como anécdota, que cuando recibí la invitación para integrarme a este Comité Consultivo, una de los puntos de la orden del día era determinar qué hacer en caso de una amenaza de muerte en contra de un periodista del norte del país, que pedía ayuda al gobierno federal, y cuya solicitud se había recibido dos meses y medio atrás.



Mi reacción al enterarme con la displicencia con que se trataba el asunto fue de incredulidad y enojo, y luego lance ésta pregunta:

¿Qué les parece si le llamamos al periodista, checamos si todavía está vivo, y si requiere después de dos meses y medio de tardanza, de la protección de éste comité?

Todos los funcionarios agacharon la cabeza y después de enterarnos de que el periodista estaba ya en territorio estadounidense, proseguimos la sesión.

El gobierno mexicano no le atendió en tiempo y forma y fue un gobierno distinto, quien lo recibió para su protección.



Este Comité Consultivo para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, está muerto.

El Congreso de la Unión aprobó el año pasado antes de terminar el sexenio calderonista la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, misma que expresa que este comité en mención debe de renovarse, pero ahora agregando además de los tres periodistas a tres derechohumanistas reconocidos en el país.

Esto aún no se ha hecho, el Comité sigue acéfalo a pesar de que la convocatoria para integrarlo fue emitida por la Secretaría de Gobernación antes de terminar el sexenio.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, en sus primeros meses de existencia, aún no da pasos en firme en esta cuestión.



Durante su visita a Chihuahua el 18 de diciembre del 2012, el presidente de México se comprometió con quien esto escribe a dar atención a este comité y a un protocolo de seguridad para periodistas que se trabajó durante el último año de vida del Comité Consultivo, que ahí se ha quedado durmiendo el sueño de los justos.



Fue encargo del Presidente Enrique Peña Nieto a su Coordinador de Comunicación Social, Lic. David López Gutiérrez, dar seguimiento a la solicitud de este aún miembro del Comité Consultivo para la Evaluación y Recomendación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, de reavivar este organismo y empezar una política pública de protección a periodistas.

El señor David López Gutiérrez no ha tenido tiempo de atender esta solicitud, dando pie a que pensemos que es el propio presidente quien no quiere atender este problema de protección a periodistas y medios de comunicación.

Lo digo porque la violencia contra periodistas se ha recrudecido en los últimos días en todo el país, en Chihuahua el periodista Jaime Guadalupe González Domínguez, fue muerto a tiros por desconocidos la primer semana del mes de Marzo.



Y ahora la noche del martes 5 de Marzo balacean las oficinas del Diario de Juárez y del canal 44 de televisión allá mismo en Ciudad Juárez.



Para hacerse oír, los periodistas buscaron una entrevista con el gobernador César Duarte y sus guardaespaldas golpearon a los comunicadores, acción que fue de inmediato reprobada tanto por el gobernador como su coordinador de Comunicación Social Juan Ramón Flores Gutiérrez.

Pero el pero es el mismo, no hay política pública de protección a periodistas desde el gobierno federal.

Lo que tenemos en casa, que es el Protocolo de Seguridad para Periodistas, es letra muerta porque no se ha dado seguimiento a los trabajos que se acordaron entre periodistas y gobierno para mantener un programa de capacitación de periodismo de alto riego para los comunicadores de Chihuahua.

Lo repetiremos hasta el cansancio, las leyes, los comités, los protocolos, no sirven cuando los periodistas ya están muertos, hay que hacer labor preventiva, el gobierno federal no puede hacer oídos sordos a tan necesaria política de protección a periodistas y medios de comunicación.

Los países democráticos cuidan y protegen a sus periodistas y medios de comunicación, aquí ¿cuándo pasará eso?




 

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