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Comisión consultiva aeroportuaria

Por Roberto Piñón Olivas

 

Chihuahua, Chih..  19 de agosto de 2013. Dos son los instrumentos que la Ley de Aeropuertos contiene para garantizar el mejor funcionamiento de los aeródromos, desde un punto de vista colegiado, es decir, la participación multi-institucional de diversos niveles de gobierno y sociedad civil, con el objetivo de coadyuvar con los concesionarios en la aportación de ideas y supervisión.






Una aportación colegiada, nutrida con las diversas formaciones profesionales, así como vocación de las dependencias de gobierno y sociedad civil, permite enriquecer la visión con que funcionan los aeropuertos. Se trata de una norma generadora de innovación, transparencia y rendición de cuentas. La determinación de contar con estos instrumentos es sin duda una medida plausible.

El primero de los órganos es un comité de operación y horarios, que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante del aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.



El comité tiene como función hacer recomendaciones en relación con el funcionamiento, operación y horario del aeropuerto; el programa maestro de desarrollo del aeropuerto y sus modificaciones; la asignación de horarios de operación, áreas, posiciones de contacto y remotas, itinerarios y de espacios dentro del aeropuerto; las condiciones para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios; las tarifas y los precios; las reglas de operación; las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria; la solución de los conflictos entre la administración del aeropuerto y los prestadores de servicios, y las quejas de los usuarios.



Aunque se trata de un comité interno es obvio que cuando se refiere a autoridades civiles se refiere a las municipales, estatales y federales, no sólo a estas últimas. Por poner un ejemplo, la autoridad municipal a través del Departamento de Bomberos, tiene necesariamente mucho que aportar a las decisiones internas, desde el punto de vista de mejorar condiciones de seguridad y operación, sin menoscabo de que ya intervienen expertos contratados por el mismo concesionario, así como supervisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



La mención autoridades civiles, me parece, es amplia y no restrictiva. Sin embargo, como se observa, este es un comité interno, de operación, de alto nivel técnico.



Hay otro órgano colegiado, más amplio y plural en su integración, que también busca la intervención colegiada en la operación del aeropuerto. Se trata de la comisión consultiva formada, entre otros, con representantes de los gobiernos Del Estado y Municipal, así como de las Cámaras de Comercio, Turismo e Industria, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.



La comisión consultiva tiene como propósito ayudar en la promoción del aeropuerto y emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y turística, así como el equilibrio ecológico de la zona.



Esta comisión conocerá el programa maestro de desarrollo del puerto aéreo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.

La operación de un aeródromo es sumamente compleja y tiene grandes repercusiones en beneficio de la comunidad donde se encuentra instalado y operando. En otro sentido, puede también representar severas consecuencias.



Por ese motivo la ley de la materia contempla estos dos órganos: Uno de alta especialidad, técnico, y otro plural y social.



El problema es que en el país, en la mayoría de los aeropuertos, estos órganos son letra muerta. Su existencia pudiese haber sido una posibilidad de evitar problemas como los que presentó el Aeropuerto de Chihuahua en fechas recientes, con la grave inundación que desquició los vuelos y dejó varados a cientos de chihuahuenses que tuvieron graves pérdidas por la ausencia de previsión, negligencia y soberbia de la administración aeroportuaria.



Si no existen estos órganos deben crearse. La omisión es una franca violación a la Ley.

http://robertopinon.blogspot.mx/

 

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