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Grupos de presión

Por Roberto Piñón Olivas

 

Chihuahua, Chih..  1 de septiembre de 2013.

Las manifestaciones que en los últimos días se han sucedido tienen como objetivo no sólo expresar inconformidad en contra de decisiones de la administración pública, sino -y ante todo- provocar ingobernabilidad.








Alfil





La ingobernabilidad busca generar en la conciencia colectiva la imagen de desestabilización en las funciones de gobierno, las cuales tienen como objeto prestar servicios a la comunidad, o bien desempeñar acciones sustantivas vitales en la organización comunitaria, como es el caso del transporte público o el quehacer legislativo.

En Chihuahua, grupos minoritarios se apoderan de las calles en números minúsculos para obstruir los carriles exclusivos del sistema de transporte Vivebús, tratando de canalizar y potenciar por la vía de la violencia el disgusto que pudiera existir por la implementación de un novedoso y moderno servicio de transportación colectiva, que naturalmente presenta situaciones que poco a poco se irán resolviendo: el Distrito Federal, con toda la experiencia de manejo de transporte colectivo, en el día a día tiene que ser creativo e innovador en la resolución de detalles de operación cotidianos, razón de más en un sistema inédito como el de Chihuahua.



El nuevo sistema de transporte, virtud de las fallas detectadas a través de los usuarios y de los mismos operadores, proporcionará en lo inmediato información para ir asumiendo soluciones a la problemática que se presenta, tanto en la ruta troncal como en las alimentadoras, y así deberán asumirse acciones resolutoras: nuevas unidades, más personal, mayor capacitación, mayor cultura en automovilistas, peatones y usuarios del servicio, que por cierto coloca a Chihuahua en la modernidad en movilización urbana, que permitirá, una vez hechos estos ajustes, incentivar el no uso de vehículos automotores particulares, en claros beneficios al ambiente y calidad de vida, partiendo de que las principales ciudades del mundo tienden a castigar el uso del vehículo personal y subsidiar el transporte colectivo, política que a la larga traerá mayores beneficios a la colectividad.

En la Ciudad de México, las manifestaciones tienen como objetivo obstruir la facultad legislativa para normar el servicio profesional de carrera de los maestros, componente necesario para un eficaz sistema de evaluación magisterial.



Los maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación toman por la fuerza el Palacio Legislativo de San Lázaro, incendian coches, causan destrozos en la sede legislativa y causan lesiones a los cuerpos de vigilancia del recinto cameral, esto en la más completa impunidad, a grado tal que negocian la liberación de detenidos en intercambio con policías secuestrados.

Ante esta situación, los diputados deben sesionar en sede alterna fuertemente custodiada con un costo de un millón y medio de pesos diario -se gastaron tres millones por las sesiones de los días 21 y 22 de agosto- con cargo al erario.



Para presionar, los maestros disidentes no sólo bloquearon Palacio Legislativo, sino que además intentaron estrangular el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bloquearon embajadas y vialidades clave: la intención es generar ingobernabilidad, esto es, imagen o percepción de ausencia de Gobierno.

Guardadas las proporciones entre el caso Chihuahua y la Ciudad de México, la intencionalidad es la misma, que el descrédito provocado de manera deliberada e intencional, calculado, provoque daño a las instituciones y a los personajes que en ellas se encuentran, aun cuando en el intento se genere molestia, e incluso menoscabo, a los particulares en sus integridad o en sus bienes.

Ceder a los grupos de presión es un incentivo para repetir las acciones de violencia disfrazadas de manifestaciones en contra de acciones del Gobierno. El uso de la presión mediante el bloqueo de vías de comunicación y el atropello de los derechos del resto de los ciudadanos no es la vía institucional adecuada para gestionar modificaciones a los planes oficiales de administración, una autoridad que ha sido elegida por los mismos integrantes de la colectividad, que goza de la legitimidad del ejercicio del poder público.



La manifestación de las ideas y su acción material directa tiene como límite el respeto al derecho del resto de los integrantes de la colectividad.



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