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Posturas atávicas

Por Roberto Piñón Olivas

 

Chihuahua, Chih..  29 de septiembre de 2013. Alfil





Uno de los temas a discusión en los foros que sobre la reforma energética se desarrollan en la capital del país, es la modificación constitucional planteada por el Gobierno de la República, la cual elimina de las áreas estratégicas nacionales a la petroquímica básica.


La propuesta presidencial sustrae actividades de la industria petrolera, como el procesamiento de gas natural, refinación de petróleo así como su transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, permitiendo la intervención en ellos del sector social y privado.

Esta intervención de los particulares en áreas antes vedadas sería mediante un mecanismo de permisos, instrumento similar al utilizado por otras naciones de Latinoamérica como Brasil.

Es natural que al propiciarse una mayor producción de petróleo crudo y gas natural en el país, a través de la reforma energética, las actividades de refinación, petroquímica y transporte reciban un impulso mediante la intervención privada, de otra manera podría crearse un cuello de botella.

Es decir, si el sector privado tendrá intervención mediante los contratos de utilidad en las actividades de exploración y extracción, es obvio que también la tenga en la cadena de valor. De esta forma, tal como lo plantea la iniciativa, podrá aprovecharse la mayor disponibilidad de hidrocarburos.

Sería un contrasentido plantear una reforma que permita la intervención de los particulares sólo en una de las etapas de aprovechamiento de los hidrocarburos. Quedaría trunca. Sería insuficiente.

Ahora bien, la eliminación del carácter estratégico de la petroquímica básica no deja a esta área totalmente a la deriva. Dependerá de la legislación secundaria su regulación, amén de la configuración de los permisos y sus términos.

La normatividad tendrá que establecer criterios de utilidad para la Nación. Estas modificaciones legales permitirán una inyección importante de recursos al transporte y comercialización de los derivados del petróleo.



Ahora, no se trata de algo nuevo. En 1995, se modificó la ley reglamentaria del 27 constitucional, permitiendo la intervención de particulares en el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo, quedando únicamente como actividades estratégicas las necesarias para interconectar su explotación y procesamiento.

Así, el transporte, almacenamiento y distribución de gas metano y licuado de petróleo se transformaron de actividades exclusivas del Estado en actividades que pueden llevar a cabo los particulares mediante permiso.



La reforma petrolera presentada por el presidente Peña Nieto no implica entregar a los particulares el hidrocarburo. Implica una asociación de beneficio mutuo. Los particulares tienen la capacidad de inyectar la inversión necesaria para evitar que los Estados Unidos continúen aprovechando de manera desmedida las reservas petroleras profundas de México en el Golfo.



Esa inversión no es posible que la inyecte el Gobierno Federal.

Es cierto, a las reformas que permitan la inversión privada en la exploración, explotación, transporte y comercialización, las primeras a través de esquema de contrato de utilidad y las segundas mediante permiso -bajo esquema de propiedad de la Nación- deben acompañarse de una reforma fiscal y eficiencia administrativa.



La primera, la fiscal, deberá ser gradual para no ahogar al esquema de ingresos nacional que depende en gran medida del petróleo -particularmente las entidades por el mecanismo de participaciones- y la segunda, inmediata. Urgente.

Es irremediable: México debe entrar a un esquema de intervención del sector privado en hidrocarburos, que deje atrás argumentos atávicos mal entendidos. Que el petróleo siga siendo propiedad de la Nación, y que todo su manejo reciba el impulso de los particulares, bajo la rectoría del Estado y una regulación estricta que permita a las actuales generaciones, y a las futuras, contar con una mejor calidad de vida.


 

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