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Herrera y Salcido, dos pájaros de cuenta

Por Jaime García Chávez

 

Chihuahua, Chih..  21 de octubre de 2013. Nada más con la finalidad de resaltar lo añejo del tema voy a recordar a Emilio Rabasa y su obra La Constitución y la dictadura donde cita la opinión que el diputado constituyente Marcelino Castañeda dijo en 1856-57: “...el vigor del centro se cree que ha de fundarse en quebrantar toda fuerza que no sea la suya”. Ese constituyente exaltó retóricamente que el mencionado vigor tendría que ser producto de la colaboración de todos los poderes, pero ya vimos el fenómeno concentrador del mismo tanto con Juárez como en escala exponencial con Porfirio Díaz. Pongo estas palabras como una especie de telón de fondo para referirme a la posible reforma para crear un Instituto Nacional Electoral mediante el cual desaparecerían todos los institutos estatales electorales y el del Distrito Federal para dejar esa función en manos de un solo órgano rector y administrador de dichos procesos. Como se sabe, las cabezas de estos institutos, acompañados de los tribunales estatales, han entrado en una especie de revuelta para impedir esta reforma, frecuentemente sin la autoridad moral para reclamarla como sería el caso chihuahuense de Fernando Herrera y Miguel Salcido, presidentes del IEE y el TEE, respectivamente.








Para que mejor se entienda mi postura, debo subrayar que de antaño he defendido la plena vigencia del artículo 40 de la Constitución General de la República para consolidar el régimen interior del Estado, porque sólo con la participación directa y autogestiva, cabe decir en el lugar mismo, podremos consolidar la democracia algún día. En otras palabras, si la contradicción esbozada fuese en la reforma y la reacción de los organismos locales se definiera entre “centralistas” y “federalistas”, no dudaría nada en optar por esta última visión. Pero en el caso que me ocupa, habría que precisar, de entrada, que el riesgo de defender en este momento a los órganos electorales es convertirse en vocero de César Duarte Jáquez y de muchos otros gobernadores, ya que tanto Herrera como Salcido –cubiertos en las asociaciones que representan– actúan en acatamiento de instrucciones del gobierno local. En otras palabras, no representan un interés genuino y tanto es así que, por lo que se refiere a Salcido, no está defendiendo un baluarte porque, como es sabido, se inscribió para concursar como magistrado de la Sala Constitucional de reciente creación en un tinglado en el que prácticamente es el candidato único y que una vez apoltronado pretenderá, a través de leyes especiales y malas artes, convertirse en presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, defenestrando al recién electo presidente de esta institución, al que todos observan como transitorio en su encargo.



En materia electoral y vistas las cosas desde el balcón chihuahuense, es innegable la intromisión del Ejecutivo en la designación de los integrantes de los órganos electorales, como innegable es que este poder le inyecta recursos al margen de la ley a los partidos de su preferencia y no necesariamente al propio, ya que en Chihuahua desde el poder se dirige prácticamente a todos los partidos o se les interviene descaradamente para lograr los propósitos del cacique mayor. También es cierto –y confirmable cuando se quiera– su injerencismo en la toma de decisiones administrativas y resoluciones jurisdiccionales de corte electoral. Hablar de autonomía aquí es tanto como pedir peras al olmo.

Tanto Herrera como Salcido, al defender sus feudos sostienen un dato estadístico. Nos dicen que aproximadamente el 93 por ciento de las resoluciones de todos los tribunales se sostienen, lo que ven como un mérito para que las cosas permanezcan como estaban. En esa estadística, que incluso puede ser más alta, están las resoluciones que no se impugnaron por los partidos políticos o porque una vez recurridas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las confirmó. Hasta aquí un mundo color de rosa, al que tan adicto es Herrera cuando a la luz de un abstencionismo del 60 por ciento en la pasada elección local, nos viene con el cuento de que fue una elección participativa y hasta, post festum, subraya que el padrón electoral estaba inflado, sólo para pronunciar un discurso que no le compete y quedar bien con el jefe del cual es lacayo y espera recompensa. Pero volvamos al tema de la productividad en relación a la colusión del Poder Ejecutivo y decir, como dato muy importante, que esa colusión en alguna parte se haya entre los gobernadores y los partidos políticos (en Chihuahua Duarte compró al PRD de Zambrano) cuando no se impugna; o entre los gobernadores y el Tribunal Electoral federal cuando se impugna y, entonces, es el poder mismo el que cabildea los fallos que mejor les convienen. Esta es una realidad semejante, por lo que se refiere a Chihuahua, a reconocer el pico de Mohinora. Ahí está.

Entonces, si esto es así, no estamos en presencia de un problema en el que haya déficit de federalismo o necesidad de centralismo, porque en cualquiera de estos sistemas se tendería a la misma situación. Dar vueltas y vueltas para quedar en el mismo sitio, por lo que todas las reformas políticas y electorales tienden a verse con profundo escepticismo por parte de los ciudadanos. ¿Cuáles y de quiénes son los verdaderos intereses en pugna en este diferendo, sobre todo a la hora de emplear el federalismo con mucha fuerza argumental? En el caso específico, son los intereses del gobierno y el poder en Chihuahua, que tiene en los dos personajes mencionados a sus dóciles agentes.



Cuando escribía estas notas leí un texto de José Woldenberg, publicado en el periódico Reforma, al que no le quitaría ni un punto y ni una coma, pero esa autenticidad argumental no es el aliento que mueve a quienes se oponen a la reforma, que aparte en esencia están defendiendo sus posiciones. Lo dije en una publicación del mismo Instituto Estatal Electoral: para que haya autonomía en estos órganos necesita haber autonomistas. De no ser así, la vieja cultura autoritaria que Marcelino Castañeda criticó también para la Constitución de 1857, prevalecerá con y sin Instituto Nacional de Elecciones. Y esos defensores de última hora del diseño institucional que hemos tenido hasta ahora, hay que subrayarlo, son los que obedecen ciegamente al poder absoluto y central del gobernante en turno. Por eso nadie cree en ellos y es bueno que ya se vayan dando cuenta.


 

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