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Nuevo Sistema de Pensiones, gran logro social

Por Cruz Pérez Cuéllar

 

Cd. Juárez, Chih..  30 de noviembre de 2013.

Los sistemas de pensiones en todas las administraciones de Gobierno tradicionalmente representan enormes cargas financieras para las tesorerías públicas, porque en razón directa de su diseño y ejecución, representan importantes pasivos contingentes para las mismas.






Tan sólo como un ejemplo que ilustra lo anterior, de muchos otros que hay, la carga financiera que le representa al Ayuntamiento de Juárez, el pago de pensionados, rebasa los 200 millones de pesos al año y crece año con año. Es inaceptable que haya ex trabajadores de la Administración municipal que, con 40 años de edad estén pensionados con el cien por ciento de su sueldo.

Si bien la pensión es una prestación de indudable beneficio social a los trabajadores, ésta debe cumplir el propósito de reconocer el trabajo desempeñado a lo largo de toda una trayectoria en el servicio público, y no como un estímulo negativo que fomente la improductividad a costa de las finanzas públicas.

En ese sentido, recientemente la diputada panista Ana Gómez Licón presentó en el Congreso estatal una iniciativa de ley que pretende modificar algunos puntos del Sistema de Pensiones estatal.

Por otro lado, desde la designación del Lic. Marcelo González Tachiquín al frente de Pensiones Civiles del Estado, se han realizado importantes cambios en esta descentralizada, en beneficio de la burocracia estatal, pero además ha ido en concordancia con la relevancia de este tema, por lo que a petición del titular de esta área, es el propio gobernador del estado quien decide tomar cartas en el asunto y, sin importarle colores o banderas partidistas, emite una iniciativa de ley que fue aprobada en el Congreso del Estado el pasado miércoles 27 de noviembre.

Si bien la iniciativa del Ejecutivo estatal coincide en el calendario con la petición de la legisladora panista, lo cierto es que recoge muchos de los planteamientos presentados por ella, pero va más allá porque denota claramente un trabajo previo de parte del titular de Pensiones Civiles del Estado y complementa de manera integral las inquietudes de la oposición en ese sentido. Tan es así, que la nueva ley es aprobada en el seno del Congreso por unanimidad.

Es de tal magnitud el problema que, actualmente, las pensiones de trabajadores estatales le representan al Gobierno una obligación actuarial de 130 mil millones de pesos (pasivo contingente), lo que desde luego representa un compromiso laboral que se convierte en una carga financiera onerosa y de gran peso a las finanzas públicas estatales.



Y lo anterior es así porque Pensiones Civiles del Estado se rige actualmente por una normatividad creada a mediados del siglo pasado, cuyas estimaciones para determinar la edad de jubilación estuvieron basadas en el promedio de vida de ese entonces, que era de 51 años, y con una aportación de 5 por ciento del patrón y 5 por ciento del trabajador del salario sujeto a cotización, el cual garantizaba un tiempo de retiro de tres años, por lo que era sustentable en esa época.



Pero hoy, las cosas han cambiado. Actualmente, la expectativa de vida de los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado es de 85 años, por lo que cada vez se tienen que pagar más años de jubilación, originando un déficit financiero a la institución.



La nueva ley no sólo contempla esta situación corrigiéndola, sino que presenta grandes avances en un modelo que puede, incluso, servir a nivel nacional ya que incluye los siguientes puntos:



Beneficios para los Trabajadores del Gobierno del Estado: a) Basificación a más de 30 mil trabajadores que no contaban con prestaciones económicas apegándonos a la cultura de la legalidad; b) Se refinancia a más de 28 mil trabajadores con un esquema jubilatorio acorde a nuestro tiempo y al futuro; c) La cobertura en las pensiones de viudez, orfandad e incapacidad por causas de trabajo se amplía, ya que se aplica desde la primera cotización del trabajador y no a partir del año 15 como se establecía; d) La cobertura por pensión de invalidez y viudez por causas ajenas al servicio se aplica desde el primer año de cotización y no a partir del año 15 como se establecía y e) Se implementa la aportación voluntaria de los jubilados ya existentes y se establece la aportación de los futuros.



Beneficios para la institución: a) Se implementa el factor 85, que es el 85% de la expectativa de vida de una persona, establecida por la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, solucionando así que nuestra ley requiera de actualizaciones; b) Se incrementa la aportación del patrón en un 17% y el trabajador en un 12% actualizándolo a nuestro tiempo y c) Reestructura del sistema de pensiones para hacerlo sustentable por más de cien años.



Beneficio para el Gobierno del Estado de Chihuahua: Se resuelve el gran subsidio que el Gobierno tiene que aportar para el pago de pensiones y jubilaciones.

Desde esta óptica, no se puede regatear -por prejuicios partidistas- ni un ápice las innegables virtudes de una nueva Ley de Pensiones Civiles para el Estado, que será referente importante para las políticas públicas en esta materia. Al tiempo.




 

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